Comité Central del PC de M (M-L)
México
Enero del 1994

A la opinión pública

Al pueblo de México

En relación a los hechos que se suceden en el sur del país, el Partido Comunista de México (marxista-leninista), manifiesta que:

1. Los acontecimientos de Chiapas son un claro reflejo de la situación crítica a la que han llevado a México el PRI-gobierno y la oligarquía financiera. Por tanto, el gobierno central es el único culpable de la violencia desencadenada.

La legalidad del marco constitucional ha sido puesta al servicio de la burguesía desde 1917, siendo utilizada o violada por los gobernantes a favor de capitalistas y terratenientes, traicionando las luchas populares por las que dieron su vida Zapata, Villa y miles de mexicanos ansiosos de justicia social. En México desde hace mucho tiempo no existe un verdadero Estado de Derecho y ha sido el propio gobierno el principal violador de los postulados constitucionales.

Las recientes reformas a la Constitución, han ahondado más esta situación trastocando la legalidad para adecuarla a los intereses de los grandes capitalistas nacionales y extranjeros, violando la soberanía nacional, firmando el TLC con Estados Unidos y Canadá, afectando la propiedad ejidal y comunal, entregando los recursos del país a los imperialistas norteamericanos.

2. El PRI-Gobierno está llevando al país hacia el desbordamiento social por la antidemocracia, el autoritarismo presidencial y el proyecto neoliberal, llamado "liberalismo social", que beneficia a unos pocos empobreciendo a millones de mexicanos y entregando nuestro trabajo y riquezas a la voracidad imperialista de Estados Unidos.

3. La lucha de clases en nuestro país, en el marco del modelo neoliberal capitalista de acumulación salvaje, conlleva una situación de desigualdades cada vez más profundas, que han llevado a las masas oprimidas a enfrentar de forma diversa dichas medidas, para intentar detener la desigualdad social y el deterioro de las condiciones de vida de la mayoría de los mexicanos. Esta resistencia ha dado origen a un amplio espectro de rechazo y lucha en todo el país, por medio de diversas formas: desde las marchas contra el TLC, la toma popular de San Lázaro contra la reforma de la ley inquilinaria, los plantones de despedidos de empresas como PEMEX, la protesta obrera por el desempleo, etc; hasta la denuncia, movilización y tomas de palacios municipales contra los fraudes y las componendas en las elecciones en varios estados de la república como Guanajuato, San Luis Potosí, Nayarit, Guerrero, Yucatán y Estado de México recientemente, en donde los procesos electorales desconocen la voluntad popular. Aunque los resultados de tales elecciones sean manipulados a favor del binomio PRI-PAN a través de la llamada concertacesión que encubre la vía de la imposición cupular, hacen parte de la lucha de los mexicanos contra la antidemocracia del régimen. El levantamiento armado en Chiapas significa la adopción de otra forma de lucha del pueblo Mexicano ante la llamada "modernización" económica neoliberal subordinada al imperialismo norteamericano.

4. Al igual que en todos los estados y regiones de México en donde viven campesinos y comunidades indígenas, el poder oligárquico central sustentado en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari con su programa al servicio de los grandes capitalistas y terratenientes, ha generado las causas económicas, políticas y sociales que dan pie al levantamiento armado de campesinos e indígenas de varias étnias chiapanecas.

En el año 1993 murieron tan sólo en ese Estado 15 mil indígenas a causa de hambre, miseria, insalubridad, represión y asesinatos políticos patrocinados por caciques locales. Asimismo fueron encarcelados varios indígenas, acusados de "traición a la patria" por su participación en legítimas luchas por tierra y defensa de su vida y familias ante las bandas armadas patrocinadas por terratenientes con la complicidad de mandos militares y el gobierno estatal.

Esta realidad lacerante también está presente en estados como Oaxaca, Veracruz, Puebla, Michoacán, Guerrero, Morelos, Edo. de México, Sinaloa, Sonora, Chihuahua y Tabasco entre otros.

Al entrar en vigor el Tratado de Libre Comercio (TLC), particularmente con la reforma al artículo 27 constitucional, las comunidades indígenas y miles de campesinos pierden más todavía la posibilidad de reclamar justicia y solución a sus problemas ancestrales, y pierden, como la nación en su conjunto, la posibilidad de mantener y defender la soberanía sobre sus tierras y las riquezas que en ella se encuentran. Por eso es justo que exijan la desaparición de caciques, ganaderos, terratenientes, talamontes y autoridades corruptas, protegidos históricamente desde el gobierno central. Por eso no es casual que el actual Secretario de Gobernación, Patrocinio González Garrido, haya sido gobernador de Chiapas hasta hace apenas unos meses.

5. Ante este panorama, se justifica y es legítimo que los campesinos indígenas y trabajadores de la ciudad se levanten en armas.

El alzamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), da un ejemplo de agotamiento de las acuerdos cupulares entre los partidos, quienes sólo han utilizado a indígenas, campesinos y trabajadores en general, para ganar espacios y mantener u obtener privilegios sin dar soluciones reales y concretas a los grandes problemas de la mayoría de los mexicanos. Por eso las declaraciones de los partidos políticos son oportunistas llamando a "la concertación y la paz", cuando en la práctica la injusticia es nacional y han pensado primero en sus prebendas y luego en las necesidades y angustias populares: más de 67 millones de mexicanos están en la pobreza, tanto trabajadores del campo y la ciudad, obreros, campesinos, indígenas, desempleados, vendedores ambulantes, maestros, estudiantes, etc.

6. El PC de M (m-l), respecto a los acontecimientos en Chiapas, exige:

- Respeto a la vida y los derechos humanos de la población civil con la aplicación de los Convenios internacionales de Ginebra sobre conflictos nacionales y trato de prisioneros.

- Cese a las ejecuciones de prisioneros del EZLN por parte del ejército federal.

- Cese a los bombardeos en zonas pobladas y sitios donde se encuentre población civil.

- Respeto a las comunidades indígenas, a sus formas de organización en las zonas en conflicto.

- Respeto a la libertad de prensa por el gobierno. México tiene derecho a ser informado veraz y oportunamente. Se deben dar garantías a los periodistas en las zonas de combate.

- La beligerancia del EZLN es histórica e innegable. Por tanto el gobierno debe dar un tratamiento político a cualquier intento de conversaciones con tos alzados. Aunque diversos sectores nacionales se han manifestado en favor de establecer el diálogo, las acciones de guerra del ejército federal, los bombardeos indiscriminados, las ejecuciones de combatientes zapatistas, los ataques oficiales a la prensa, no permiten crear el clima adecuado para iniciar un acercamiento. La propuesta oficial de "negociación" es prepotente y sólo conducirá a más enfrentamientos y el agravamiento de la situación. Imponer condiciones a las conversaciones es negarse a dialogar. Nadie se alza en armas para deponerlas al día siguiente y menos cuando la rebelión se justifica como es el caso del EZLN.

7. El PC de M (m-l) comparte junto con otros revolucionarios mexicanos la lucha por la instauración del socialismo y el derrocamiento del actual régimen de explotación.

Por eso llamamos a la clase obrera y al pueblo de México a levantar la lucha en una Convergencia Nacional de Oposición Popular contra el régimen burgués proimperialista, a romper el control corporativo sindical, los topes salariales y a la cancelación del TLC por atentar contra nuestra soberanía nacional y los intereses de los mexicanos. Convocamos a luchar por el no pago de la deuda externa, y por la expropiación de la riqueza detentada por 13 multimillonarios y 33 familias que se enriquecieron a costillas del trabajo y la pobreza de millones de mexicanos.

El sistema capitalista imperante en el país lejos de solucionar los problemas sociales y económicos, los ha hecho más profundos. Su misma naturaleza genera violencia.

Las elecciones de 1994 en el mejor de los casos servirán para el reacomodo de algunos y la permanencia del PRI-Gobierno; el país necesita soluciones a fondo en todos los aspectos, una verdadera democracia con participación popular efectiva. México necesita un nuevo marco constitucional y legal. Para ello,

PROPONEMOS:

Convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente Democrática y Popular que retorne la soberanía y el poder al pueblo como constituyente primario, permitiendo así su participación y decisión efectiva en un nuevo rumbo para México.

Esta Asamblea deberá contemplar entre otros puntos:

a) Crear una nueva legalidad en toda la república.

b) Juicio a los funcionarios gubernamentales que se hayan enriquecido por el manejo corrupto de recursos del Estado.

c) Entrega de tierras de terratenientes, caciques y latifundistas a campesinos y comunidades indígenas.

d) Créditos y asistencia técnica a los campesinos.

e) Desaparición de las Juntas de Conciliacíon y Arbitraje y de la Secretaría de Trabajo y establecimiento de Tribunales del Trabajo representados por autoridades elegidas por los trabajadores.

f) Aumento general de salarios en el campo y la ciudad tanto a trabajadores activos cómo inactivos.

g) Desaparición del trabajo infantil.

h) Desaparición de la Secretaría de Reforma Agraria y establecimiento de tribunales agrarios con funcionarios elegidos libre y democráticamente por los campesinos.

i) Respeto a la autodeterminación de los pueblos indígenas, a su tierra, lengua y tradiciones.

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